El PSOE se abstuvo ante una moción para liberar a uno de los etarras que ahora concurren en las listas de Bildu para el 28M, José Ángel Viguri. La moción se votó en las Juntas de Álava el 17 de junio de 2013 y salió adelante gracias al voto a favor del PNV, Bildu y EB, y con la abstención de los socialistas. Sólo el PP la rechazó.
El etarra, que concurre como suplente número 3 en la lista para la Alcaldía de Ayala fue condenado en 1990 a 14 años de cárcel por colaboración con ETA por alojar en su caserío a miembros de la organización terrorista. Un año después, fue condenado a 51 años por el atentado contra el cuartel de Llodio, en 1988, en el que resultaron heridos dos guardias civiles, José Granados y Félix Plaza. Viguri, miembro del comando Araba, fue el autor del ataque con 10 granadas contra la casa cuartel, un atentado que pudo acabar en una masacre.
En 2011, el etarra fue sometido a una operación por un cáncer de próstata y exigió a Instituciones Penitenciarias su puesta en libertad condicional alegando que la prisión podría «influir de forma negativa en la evolución de su enfermedad». Los forenses de la Audiencia Nacional alegaron, en cambio, que sus posibilidades de morir por cáncer eran muy bajas, entre «un 0,03% y un 1,2%», un porcentaje «muy inferior al riesgo de muerte por otras causas ajenas a la enfermedad». «Si se produjera la muerte por enfermedad en este caso, lo más probable es que fuera debida a problemas cardiovasculares, otros tumores u otras causas», expusieron los forenses.
El fiscal también se opuso, alegando que no existía «peligro patente para su vida» y que el etarra no había manifestado «signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de la actividad terrorista». «En la actitud, conducta y comportamiento del interno no existe indicio alguno que evidencie la desvinculación actual de la banda terrorista, no se desprende que el penado se haya desvinculado de la organización terrorista o de su entorno, ni tampoco que haya formulado declaración de rechazo y/o abandono de su pasado delictivo, o petición de perdón a las víctimas de sus delitos», sentenció la Fiscalía, en 2012.
El 17 de junio de 2013, las Juntas de Álava aprobaron una moción «sobre la situación de los presos enfermos», en la que, alegando «razones humanitarias», se solicitaba «la puesta en libertad de los presos de Álava gravemente enfermos», entre ellos, Viguri. En la iniciativa, dirigida al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, se requería además que, hasta su excarcelación, los presos fuesen trasladados a «prisiones cercanas a su lugar de origen» para «recibir una correcta asistencia médica y aliviar, en la medida de lo posible, su sufrimiento así como el de sus familiares y allegados».
Silencio del PSOE
La moción fue secundada por los votos del PNV, Bildu y EB y contó además con el silencio de los socialistas, que se abstuvieron. Unos meses antes, el PSOE había votado a favor de una iniciativa similar en el Ayuntamiento de Vitoria en la que también se requería la excarcelación de «presos enfermos», aunque aquella no mencionaba expresamente a Viguri.
Los socialistas presentaron una enmienda en la que no hablaban expresamente de excarcelación aunque sí implícitamente al requerir que se aplicaran a los presos las «medidas penitenciarias» que permitiesen, en su caso, «una adecuada y correcta asistencia médica» para «paliar su sufrimiento y facilitar la atención de sus familiares y allegados». Desde el PP, Santiago Abascal -padre del actual líder de Vox- defendió los criterios de Instituciones Penitenciarias para determinar qué presos debían ser excarcelados. Viguri salió en libertad unos meses después, tras la derogación de la doctrina Parot.
Masacre frustrada
Viguri es uno de los etarras que concurrirán a las elecciones de este domingo y que no tiene pensado renunciar al cargo si sale elegido. Aunque sus acciones no provocaron muertos, sí estuvo a punto de cometer una auténtica masacre el 13 de marzo de 1988 en la casa cuartel de Llodio, donde se alojaban 20 familias y, entre ellas, dos docenas de niños. El comando utilizó hasta 10 granadas, de las cuales, ocho llegaron a estallar. Afortunadamente, la mayoría cayeron sobre una sala vacía. Uno de los proyectiles sí impactó en el domicilio de un capitán de la Guardia Civil que vivía junto con su mujer y su hija de seis meses. El dormitorio de la pequeña quedó destrozado, aunque afortunadamente la familia no se encontraba en aquel momento en la vivienda.
El Gobierno trata de apartarse de la polémica por la inclusión de 44 etarras en las listas de Bildu, socio preferente de Pedro Sánchez. Entre ellos figuran siete terroristas con delitos de sangre que han asegurado que no asumirán el cargo si son elegidos. No obstante, en las listas concurren etarras condenados que tuvieron un papel clave para la comisión de asesinatos. Entre ellos, chivatos de la banda o «comisarios políticos» de las instrucciones de ETA.
Sánchez, mientras, ha optado por mantener un perfil bajo e incluso ha tendido la mano a Bildu para alcanzar nuevos acuerdos con el PSOE, aun en plena polémica.
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