Víctimas leonesas de la banda terrorista ETA. DL |
El reguero de sangre de ETA en la provincia de León dejó más de una veintena de fallecidos, la mayoría de ellos fuera de los límites locales. Desde que en abril de 1975 se produjo el primer caso hasta el asesinato en Francia del guardia civil Raul Centeno, que supuso el último episodio, la banda asesina no cejó en su empeño de procurar dolor en todo el país. Y el ámbito leonés no fue una excepción.
«Hoy día 3 de mayo a las 14.00 horas local ETA ha dejado de existir». Con esta precisión, este miércoles hace cinco años que el director ejecutivo del Centro Henri Dunant para el Diálogo Humanitario, David Harland, certificó la disolución definitiva de la organización terrorista.
Lo hizo después de que dos históricos dirigentes de la banda, Josu Urrutikoetxea, «Josu Ternera», entonces huido de la justicia, y María Soledad Iparragirre «Anboto», presa en Francia, leyeran el último comunicado de ETA, en el que habló sin tapujos de «disolución» y de fin de un «ciclo histórico y de su función».
El crimen del Comandante Cortizo fue el más señalado para los leoneses en la historia de esta barbarie. Fue el 22 de diciembre de 1995. En plena mañana del sorteo de la Lotería de Navidad, León se sacudió con la tragedia.
Cinco años después de la disolución de la banda terrorista, de ETA quedan sus presos (ninguno en Villahierro porque todos resultaron acercados al País Vasco), el dolor de sus víctimas y el lastre de su recuerdo, muy presente como arma arrojadiza en el embarrado debate político, sobre todo, curiosamente, fuera de Euskadi. En el País Vasco, pese a las buenas intenciones de algunos sectores e instituciones, las heridas de tantos años de violencia no permiten construir una memoria compartida y pacífica.
Una cuestión ya menor para la sociedad vasca y para la leonesa por ende, que en estos cinco años ha visto pasar una pandemia global y su consiguiente enésima crisis económica, de la que ya está saliendo con fuerza.
En este lustro, no obstante, se han producido algunos hitos en el camino de la reconstrucción de la convivencia, el más significativo de ellos este mismo año: el final definitivo de la política de dispersión de presos, que fue durante décadas uno de los principales catalizadores de movilización social del entorno de ETA. La senda la iniciaron lso leoneses José Luis Rodríguez Zapatero, como presidente del Gobierno y José Antonio Alonso, como ministro del Interior. Actualmente quedan 127 presos en las cárceles vascas, 7 en Pamplona y 12 en Francia, además de una veintena que cumplen condena en sus domicilios y en centros especializados. Los de Villahierro fueron desplazados en bloque a las provincias vascas.
A ellos hay que sumar algo más de una decena de reclusos críticos que abandonaron el colectivo de presos (EPPK) disconformes con su aceptación de las vías legales y que cuentan con el apoyo de grupos minoritarios disidentes que reclaman la amnistía total. Una excarcelación masiva que en Euskadi, a diferencia de otros procesos más o menos similares como el del Irlanda, no ha ocurrido.
Otra importante novedad, facilitada por la distensión derivada del silencio de las armas, radica en que el Gobierno Vasco se hizo hace año y medio con la transferencia de prisiones, prevista en el Estatuto, pero impensable en la situación anterior a la vista de las circunstancias.
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