La Fiscalía recurre más de la mitad de las progresiones del Gobierno vasco a presos de ETA

 “Txapote”, Sebastián Echániz, Henri Parot, Álvaro Arri Pascual, José María Arregui “Fiti” y Juan Luis Aguirre Lete Efe Pool

 22.04.2023 - Fuente

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre más de la mitad de las progresiones de grado que el gobierno vasco da a los presos etarras en la cárcel. Desde hace 18 meses el Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu tiene las competencias de prisiones transferidas y, por tanto, puede decidir sobre la gestión de sus reos. El dato más llamativo es que de los recursos que el Ministerio Público ha interpuesto el 64,7% son aceptados y, por tanto, los jueces considera que esa cifra de semilibertades no se debieron otorgar, según los cálculos de esto periódico a raíz de los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado.

El último, esta misma semana, ha sido Joseba Arregi (alis «Fiti») a quien el Gobierno vasco le concedió la semilibertad por segunda vez, después de que el pasado mes de febrero la Audiencia Nacional hubiera revocado su tercer grado por no estar justificado. El histórico y sanguinario miembro de ETA tiene 77 años, de los que 31 ha estado entre rejas. En 2019 cumplió las tres cuartas partes de su condena, pero la Fiscalía considera que los motivos humanitarios que alega la administración de Euskadi para volver a intentar su tercer grrado no pueden basarse exclusivamente en la edad. El «Fiti» ha sido devuelto a prisión aplicando un nuevo criterio que el Tribunal Supremo avaló el pasado mes de diciembre y que consiste en que si el fiscal recurre la semilibertad el preso (no en todos los casos, pero sí en los graves como terrorismo) debe volver al centro penitenciario a la espera de que se resuelva el asunto. Hasta que el juez no certifique que esa progresión de grado fue legal, el reo no debe esperar en la calle. Este «efecto suspensivo» se ha aplicado ya en tres casos pero no entra en el recuento que este periódico ha hecho sobre las semilibertades que concede el País Vasco que no se ajustan a Derecho, puesto que en esos casos el juez todavía debe entrar en el fondo de la cuestión.

Este mismo mes, el Ejecutivo de Urkullu concedió otro tercer grado a Jon Crespo Ortega un etarra a quien la Audiencia Nacional también revocó el tercer grado en febrero del año pasado y lo hizo volver a la prisión vizcaína de Basauri. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria advirtió de que no constaba «petición de perdón expreso a las víctimas de ETA» con lo que no se cumplían «los requisitos exigidos por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional».

Desde que el 1 de octubre de 2021 la Consejería de Justicia e Interior del País Vasco asumiera las competencias de los centros penitenciarios, se han concedido ya 40 progresiones a terroristas de ETA. El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista ha recurrido 21 de todas estas al albur de argumentos como que no se había pedido perdón expreso a las víctimas (criterio establecido por la Sala de lo Penal a lo largo de estos años), que no se han satisfecho las responsabilidades económicas con las arcas públicas o que los presos no han gozado previamente de permisos penitenciarios, un paso natural y que sirve de preámbulo para testar si están preparados para la semilibertad.

De estos 21, los jueces de Vigilancia Penitenciaria han estimado 11 y han devuelto a la cárcel a este número de presos, mientras que han desestimado 6, indicó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una entrevista en El Confidencial. El resto está sin resolver. Esto supone que en más de la mitad de los casos los jueces dan la razón al Ministerio fiscal y consideran que la Consejería vasca no debería haber otorgado esta progresión penitenciaria.

Este es el principal peligro que algunas de las asociaciones de víctimas han venido alertando sobre los acercamientos que progresivamente el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido haciendo al País Vasco desde que llegó al poder en 2018. El culmen de esta operación llegó el pasado mes de marzo cuando la conocida como dispersión de los presos -ideada en 1989 para evitar juntar a los terroristas en prisiones cercanas y tenerlos así más controlados- terminó. Actualmente hay 164 presos de la banda en los centros penitenciarios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. A los que hay que sumar 11 en Navarra, una en Madrid y 13 en Francia que no quieren cambiar de cárcel.

De los recursos que los jueces han desestimado (6), la Fiscalía ha recurrido tres a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en apelación para que se pronuncien sobre algunos criterios y sigan puliendo así dónde se pone el listón en la concesión de los terceros grados. Estos llevan meses pendientes pero, mientras tanto, el Tribunal Supremo en una reciente sentencia de diciembre ha cambiado la forma en la que se pone en libertad a los condenados en lo que se conoce como el efecto suspensivo. Esto supone que si el fiscal interpone un recurso a un tercer grado, el terrorista no saldrá en libertad y esperará a que se adopte una medida judicial que puede llegar meses después, sino que tendrá que hacer esa espera en prisión y solo una vez la semilibertad tenga el aval de los jueces puede pisar la calle.