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| Dos guardias civiles murieron por la explosión de una bomba adosada al "Nissan Patrol" con el que habitualmente hacían sus rondas de vigilancia en Sallent de Gállego (Huesca). El atentado, perpetrado por ETA, ocasionó la muerte instantánea de Irene Fernández Pereda y produjo heridas de carácter muy grave a José Angel de Jesús Encinas, quien murió durante su traslado al Hospital de San Jorge de la capital oscense Javier Belver EFE |
La Asociación Española contra la Impunidad quiere que María San Gil, Marimar Blanco y Abascal declaren sobre la «persecución y acoso» etarra y sus "crímenes de odio"
La Asociación Española contra la Impunidad (AECI) quiere que la Audiencia Nacional escuche el testimonio de 25 personas sobre la política de «persecución y acoso cotidiano» que ETA puso en marcha durante décadas como parte de su estrategia de «expulsiones forzadas de población», en lo que considera una tentativa de genocidio por la que se ha querellado contra diez exjefes de la organización terrorista.
En la ampliación de su denuncia inicial presentada en relación al atentado en el que fueron asesinados dos guardias civiles en Sallent de Gállego (Huesca) el 20 de agosto de 2000, la AECI pretende que el magistrado Manuel García Castellón –si finalmente admite a trámite la querella– cite a declarar como testigos a una pequeña representación de esos al menos 60.000 expulsados del País Vasco y Navarra y a quienes conocieron de primera mano esa política criminal.
Entre ellos hay políticos y expolíticos como Marimar Blanco, María San Gil, Gotzone Mora, Jaime Mayor Oreja, Concepción Gironza, Javier Elorrieta o Mikel Iriondo; además de representantes de la sociedad civil como Iñaki Arteta, Mikel Buesa, Agustín Ibarrola y Francisco José Llera. La asociación denunciante también incluye en ese listado a periodistas como Carmen Gurruchaga y Jesús María Zuloaga, con la intención de atestiguar «ese odio exacerbado a lo español» personificado en la Guardia Civil, a los dos agentes que fueron agredidos en Alsasua (Navarra) en 2016, unos hechos que, no obstante, no fueron condenados por terrorismo.
"Fanatismo extremo"
Consciente de que en 2015 –tras una querella de Dignidad y Justicia– la Audiencia Nacional rechazó investigar por genocidio a varios exdirigentes etarras –esgrimiendo que ETA no protagonizó una persecución de un «grupo nacional» porque víctimas y terroristas compartían la misma nacionalidad–, la asociación que preside el letrado Miguel Ángel Rodríguez Arias hace hincapié en que la autoría del delito de genocidio no está específicamente limitada a un grupo de nacionalidad distinta al de las víctimas. De ahí que, en su opinión, sí sea posible investigar «una tentativa punible que tan alto impacto ha tenido en nuestro país».
ETA no atentó en Sallent de Gállego contra dos guardias civiles «por su nombre o identidad individual» –defiende–, sino precisamente por su pertenencia al Instituto Armado como «parte vital» y cualificada de ese ámbito de protección del «grupo perseguido».
La denuncia asume «la españolidad de los miembros de ETA», quienes –argumenta– «llevados por su fanatismo extremo y en un contexto de odio a lo español, negándose a sí mismos que pertenezcan a tal grupo nacional, persiguen a otros miembros del grupo nacional español».
"La mayor de todas las mentiras"
Los medios utilizados, sostiene, sí fueron «plenamente idóneos», tanto a la hora de «asesinar a miembros del liderazgo del grupo» como en el caso de las «decenas de miles de expulsiones forzadas». Una tentativa de genocidio que justifica en que ETA «inició el plan de ejecución de sus políticas» en esos ámbitos.
Para la asociación denunciante, la «mayor de todas las mentiras» de ETA es enmarcar su actividad terrorista en el terreno «político» (la «liberación de Euskal Herria»). «No son crímenes políticos, son crímenes de odio extremo», recalca la AECI, «en la órbita de otras organizaciones paramilitares como la Interahamwe en Ruanda». El delito «político», subraya el letrado, «no abarca ni explica las cinco profanaciones de la tumba de Gregorio Ordóñez, al que no era suficiente asesinar, ni las de la tumba de Buesa o Miguel Ángel Blanco, que llegaron a tal punto que finalmente su tumba debió ser trasladada a Galicia». «ETA consiguió así la expulsión forzada hasta de su mismísimo cadáver», señala.
Una supuesta motivación «política» que tampoco explica, añade, que la banda terrorista «mate a media docena de niños en la casa cuartel de Zaragoza y que presuntamente la Zuba felicite a sus autores materiales».
El sustrato del discurso de odio
La asociación querellante analiza varios comunicados de ETA reivindicando atentados en los que deja claro su objetivo de seguir «golpeando» a las Fuerzas de Seguridad «hasta su total eliminación» o «la expulsión» del territorio vasco. «¿Cómo no había de producirse una huida de miles de seres humanos, de familias enteras?», se pregunta Rodríguez Arias, que recuerda las críticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Jorgic contra Alemania) a aquellas autoridades que ciñen el genocidio a la «eliminación física», «sin dar la debida cabida a la expulsión de la población».
La denuncia sitúa el «origen o sustrato del odio al grupo nacional español», que se va «inoculando durante décadas» y que «terminaría recogiendo» ETA, en los escritos de Sabino Arana, a quien señala como el «presunto autor destacado e inicial de ese discurso de odio».
Según pone de relieve la asociación denunciante, el pronunciamiento que adopte la Audiencia Nacional sobre el alcance del delito de genocidio puede cambiar «todo tras décadas de lucha judicial de nuestro Estado de Derecho contra ETA y su impunidad» (379 crímenes de la organización criminal siguen sin autor conocido), unos años en los que, lamenta, «ha venido quedando orillado ese desbordamiento de lo que ETA perpetró e intentó perpetrar mucho más allá del propio delito de terrorismo».
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