El salvaje ametrallamiento en el Rancho Chileno provoca tres muertos

Poco después de las tres de la tarde del lunes 22 de marzo de 1982, dos inspectores de Policía y la novia de uno de ellos, argentina, resultaron muertos en un atentado perpetrado por ETA en la localidad vizcaína de Sestao. Otros dos policías quedaron gravemente heridos.

Los cuatro inspectores, y la mujer que les acompañaba, fueron salvajemente ametrallados por cuatro pistoleros que irrumpieron, con la cara descubierta, en el restaurante donde los cinco se encontraban a punto de finalizar el almuerzo. Los fallecidos fueron ALFONSO MASIDE BOUZO, AGUSTÍN MARTÍNEZ PÉREZ y CRISTINA MÓNICA ILLARMENDI RICCI (novia de Agustín y empleada en el local donde estaban comiendo). Resultaron gravemente heridos Miguel Ángel Fernández Martínez y Miguel Ángel Cabezas Fernández, también policías.

El atentado se produjo en el restaurante Rancho Chileno, situado en un bloque de viviendas construido a la salida de Sestao en dirección a Portugalete. Desde hacía algún tiempo, los cuatro policías tenían por costumbre comer en el mismo restaurante, si bien no parecían ser muy conocidos en el barrio.

Al comedor, una pieza rectangular de unos dieciséis metros cuadrados con una decena de mesas, se accede desde una puerta situada en un extremo de la barra del bar. Los terroristas irrumpieron por dicha puerta, armados con varias metralletas y, al menos, una pistola. Sin mediar palabra, efectuaron no menos de un centenar de disparos en ráfaga, directamente dirigidos contra la mesa situada en el extremo diagonalmente opuesto a la puerta. En el momento de producirse el atentado, además de los policías, había en el establecimiento media docena de personas que jugaban a las cartas y muchos clientes en la barra del bar.

En el techo del comedor eran visibles dos impactos de bala, y unos treinta o cuarenta más en la pared y cristalera del fondo. La Policía recogió en el lugar un centenar de casquillos.

Los agresores habían llegado al lugar en dos coches: un Ford Granada, robado poco antes de las tres de la tarde en el casco urbano de Sestao, y un R-12 de color blanco. Tras cometer el atentado, huyeron en dirección a Baracaldo, donde el Ford Granada sería hallado hacia las cuatro de la tarde.

Tras el atentado, las fuerzas de seguridad del Estado reforzaron la vigilancia en los pasos internacionales de Guipúzcoa, a fin de impedir un posible intento de fuga de los terroristas hacia Francia.

Según la información de la Policía, el grupo estaba formado por seis o siete personas: tres cometieron el atentado, dos permanecieron al volante de los vehículos utilizados, y uno o dos más se quedaron encargados de vigilar las inmediaciones del bar.

Uno de los policías consiguió repeler la agresión, alcanzando al etarra Enrique Letona Viteri que fue sacado herido del lugar por otro de los terroristas. Los etarras abandonaron en su huida dos metralletas, una de ellas de fabricación israelí y la otra francesa, así como una pistola marca Browning, del tipo FN.

De los tres inspectores que resultaron heridos, uno de ellos, Alfonso Maside Bouzo, falleció cuando era trasladado a la Residencia Sanitaria de Cruces, en compañía de Miguel Ángel Cabezas Fernández. Este fue alcanzado en el abdomen resultando gravísimamente herido. En el centro sanitario fue intervenido y se le extrajeron dos balas del estómago.

El tercer herido, Miguel Ángel Fernández Martínez, fue trasladado al Hospital de Basurto (Bilbao) y al día siguiente ya se encontraba fuera de peligro, aunque con heridas en el tórax, región lumbar, codo izquierdo y ambas piernas. Fue este agente quien consiguió repeler la agresión desde el suelo hiriendo a Letona Viteri. 

Los sindicatos policiales reaccionaron con energía al atentado. El Sindicato Profesional de Policía denunció que el atentado pretendía desestabilizar psicológicamente a "un cuerpo que tiene a su cargo una de las principales y más peligrosas misiones de un Estado democrático y de derecho, como es la lucha antiterrorista". Por su parte, la Unión Sindical de Policía solicitaba a la ciudadanía vasca que respondiera vigorosamente ante este atentado a los derechos humanos, y reclamaba medidas eficaces políticas y policiales para poner fin a esta situación.

La misa funeral, celebrada en un clima de fuerte tensión al día siguiente, 23 de marzo, se inició a las 10:30 horas en una dependencia de la Jefatura de Policía de Bilbao. Instantes antes habían llegado el presidente del Gobierno y demás personalidades, entre las que también figuraban los representantes de las instituciones locales y dirigentes de los principales partidos políticos. El funeral fue oficiado por el capellán castrense de la Policía Nacional en Vizcaya, Juan Perelló Ayuso, que dijo en su homilía: "Ayer tarde, los corazones endurecidos de unos viles asesinos se cobraron tres nuevas víctimas, cuyo defecto era ser portadores de una placa puesta al servicio de la sociedad, y en el caso de Cristina, el compartir una mesa donde reponer fuerzas para proseguir la jornada de trabajo".

Al terminar el funeral, Leopoldo Calvo Sotelo y Carlos Garaicoechea fueron abucheados cuando abandonaban la Jefatura Superior de Policía de Bilbao.

Finalizado el acto religioso los féretros, portados a hombros por compañeros de los fallecidos, fueron conducidos hacia la plaza de Indauchu, donde debían ser introducidos en los furgones funerarios. La banda del Regimiento de Infantería interpretó una marcha fúnebre, mientras que sendas secciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, formadas frente a la salida principal de la Jefatura Superior, rendían honores a los dos policías muertos. El retraso en la llegada de los furgones hizo que la comitiva estuviera detenida durante bastantes minutos en la calle, en un clima de alta tensión emocional. Finalmente, los féretros fueron conducidos hasta la Iglesia del Carmen, donde se rezó un responso.

Por este atentado fueron condenados como autores materiales Enrique Letona Viteri y Ángel Luis Hermosa Urra (1994); Miguel Arrieta Llopis (2001) y Sebastián Echániz Alcorta (2004) expulsado de Venezuela a España en 2002. Como cómplice por haber facilitado la información necesaria para cometer el atentado, fue condenado Juan Carlos Echeandia Zorroza (1984), y como encubridor, Juan Ignacio Aldana Celaya (1994).

Alfonso Maside Bouzo tenía 26 años y estaba soltero. Sus restos mortales fueron trasladados a Baños de Molías (Orense), donde había nacido. Igual que Agustín, llevaba destinado cuatro años en la comisaría de Sestao.

Agustín Martínez Pérez tenía 27 años. Sus restos fueron trasladados a La Bañeza (León), de donde era natural. Estaba destinado en la comisaría de Sestao desde cuatro años antes del atentado. Su madre le había pedido un día antes de ser asesinado que pidiese el traslado cuanto antes, aunque su hijo le contestó que estaba muy a gusto en el País Vasco.

Cristina Mónica Illarmendi Ricci era natural de Buenos Aires (Argentina). También tenía 27 años y vivía en Santurce. Era profesora de inglés y además trabajaba en el bar-restaurante Rancho Chileno del que eran dueños unos parientes suyos.