Muere José María Aldaya, empresario que pasó 341 días secuestrado por ETA

El empresario José María Aldaya ha fallecido este martes a los 80 años edad en su domicilio familiar de Hondarribia (Guipúzcoa). Aldaia estuvo secuestrado por ETA durante 341 días, desde el 8 de mayo de 1995 hasta el 14 de abril del año siguiente.

"En nombre de toda la Diputación quiero trasladar mi más sentido pésame a los familiares y amigos de José María Aldaya. Sin duda fue uno de los exponentes más duros del sufrimiento provocado por ETA a nuestro Pueblo. Goian bego", ha señalado el diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, en las redes sociales.

Aldaya fue secuestrado el 8 de mayo de 1995 tras salir de trabajar para dirigirse a su domicilio de Hondarribia (Guipúzcoa). Sus familiares denunciaron la desaparición poco después de que el coche del empresario fuese encontrado, abierto y sin señales de haber sido forzado, sobre las 22.00 horas en Irún, a unos dos kilómetros de la zona donde residía.

Desde un primer momento, las autoridades policiales señalaron a ETA como responsable de la desaparición de Aldaya, ya que su nombre se encontraba en las listas de posibles objetivos, incautadas al 'comando Donosti' 'Ipar-haicea' de ETA, desarticulado en agosto de 1991 en el barrio donostiarra de Morlans. En las listas se especificaba que la banda terrorista podría pedir por él un rescate de 1.000 millones de pesetas.

El 25 de mayo ETA se responsabilizó del secuestro de Aldaya a través de un comunicado en el diario 'Egin'. La banda señalaba que secuestró al empresario por "negarse a efectuar la aportación económica requerida para sacar adelante la lucha por la liberación de Euskal Herria", el denominado "impuesto revolucionario" que los terroristas exigían a empresarios e industriales del País Vasco.

Tras dos meses sin noticias por parte de ETA, el 20 de julio el diario Egin publicó en su portada y en una información interior sendas fotografías de José María Aldaya, en las que éste aparecía sin barba, vestido con una camisa y con un ejemplar del periódico en la mano. Las imágenes iban acompañadas de un comunicado de la banda terrorista en el que se atribuían varios atentados, pero no hacían ninguna referencia al secuestrado.

Durante los meses que duró el secuestro, las muestras de apoyo hacia Aldaya y su familia fueron constantes y se pusieron en marcha diversas iniciativas para pedir su liberación: manifestaciones, concentraciones, recogida de firmas o encierros.

El lazo azul, que ya lucieron en 1993 muchos ciudadanos como símbolo de rechazo al secuestro de Julio Iglesias Zamora, se volvió a ver en los balcones y las manifestaciones organizadas por asociaciones pacifistas vascas, como Gesto por la Paz, llenaron las calles del País Vasco.

Fuenterrabia (Guipuzcoa), 21/05/1995.- Amigos de los hijos de José María Aldaya, empresario vasco secuestrado por ETA, colocaron un lazo azul gigante en la falda del monte Jaizkibel, en Guipuzcoa.EFE/J. Herrero/rba

Por su parte, la izquierda abertzale lanzó una campaña de "contramanifestaciones", apostándose frente a los que reclamaban la libertad de Aldaya, lo que dio lugar a diversos altercados.

Durante la madrugada del 14 de abril de 1996, José María Aldaya fue liberado en un bosque próximo al puerto de Azkarate, en la localidad guipuzcoana de Elgoibar, tras 341 días de cautiverio (el secuestro más largo de los cometidos por ETA hasta ese momento).

Tras su liberación, declaró que creía haber estado "bajo tierra", porque no oía nada y se volvía "sordo de silencio". Explicó que el habitáculo medía tres metros y medio de longitud, un metro de ancho y 1,95 de alto. La pared era de papel y debajo había escayola, mientras que el suelo era de plástico.

Dentro había un colchón, una mesa y una silla de camping, además de un cajón que hacía las veces de water. El lugar era muy húmedo, por lo que tenía que utilizar una bayeta para quitar la humedad que se condensaba en las paredes. En ese lugar permaneció secuestrado por los terroristas durante 341 días.

La etarra Dolores López Resina, "Lola", durante el juicio contra ella y el ex dirigente de ETA José Javier Arizkuren Ruiz, "Kantauri" (delante), en la Audiencia Nacional, por participar y ordenar, respectivamente, el secuestro del industrial José María Aldaya, hechos por los que el fiscal pide 17 años de cárcel para cada uno. EFE

José María Aldaya: 'Me quedé medio loco tras el secuestro por ETA' - Fuente

Los miembros de ETA Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri', y Dolores López Resina, alias 'Lola', se negaron a participar hoy en el juicio que celebró hoy contra ellos por participar en este hecho, que quedó visto para sentencia.

Los dos acusados se identificaron como miembros de ETA y rechazaron contestar a las preguntas del fiscal Ignacio Gordillo, que elevó a definitiva su petición de 17 años de prisión para cada uno de ellos por un delito de detención ilegal bajo rescate. Solicita además el fiscal que 'Kantauri' y 'Lola' sean condenados a indemnizar al industrial, junto con los ya penados por este hecho Francisco José Ramada y Sagrario Yoldi, con 350 millones de euros, 150 por la cantidad pagada en concepto de rescate y otros 200 por los daños morales que sufrió su víctima.

Al inicio de la vista, celebrada ante la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, López Resina se dirigió al tribunal en catalán para definirse como "catalana y miembro de ETA". Afirmó no reconocer al tribunal que la juzgaba y terminó su intervención con un :'Visça Catalunya'.

'Kantauri', acusado de ordenar el secuestro, dijo ser también militante de ETA, calificó el acto de "teatro" y pidió a su abogada que no realizara defensa alguna durante esta vista.

DECLARACIÓN DE ALDAYA.

El primer testigo en comparecer ante el tribunal, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, fue el propio Aldaya. Se trata de la cuarta ocasión en la que ha tenido que relatar su calvario ante un tribunal de la Audiencia Nacional.

Señaló que fueron tres las personas que el 8 de mayo de 1995 salieron de un vehículo que circulaba delante del suyo y le secuestraron, inyectándole una droga que le durmió y trasladándole hasta un minúsculo zulo, donde despertó y permaneció encerrado casi un año.

Recordó que sólo tuvo contacto con una persona, encapuchada, que era la que le suministraba la comida, y que durante su reclusión comió bien y dejó de fumar, si bien ahora ha vuelto a hacerlo. "Me quede medio loco", reconoció Aldaya ante el tribunal, agregando que sufre dolores en las caderas por las vueltas que daba diariamente por el zulo para evitar estar todo el día inmovilizado.

El 14 de abril de 1996, Aldaya fue liberado en un bosque y dice desconocer si alguien pagó un rescate para que este hecho se produjera. "Me he dedicado a trabajar y a olvidar", señaló a preguntas del fiscal. El abogado de la acusación particular renunció a realizarle pregunta alguna.

Tras Aldaya comparecieron varios testigos policiales implicados en la investigación del caso y los ya condenados Ramada y Yoldi. El primero se negó a declarar y la segunda dijo sufrir una enfermedad psíquica que la impide acordarse de nada de lo sucedido.

Según las conclusiones expuestas por el fiscal Gordillo, Kantauri' propuso en 1993 a Ramada que se integrara en el sector de ETA dedicado a la ejecución de secuestros y le facilitó, a través de un enlace, el dinero necesario para adquirir una nave industrial en el barrio de Venta de Irún (Guipúzcoa) en el que fue confinado el empresario.

Posteriormente Ramada y 'Lola' construyeron y acondicionaron en la nave industrial un zulo de tres metros y medio de largo, uno de ancho y dos de alto. Además, la etarra participó directamente en el secuestro, asaltando el 8 de mayo de 1995 el vehículo de Aldaya cuando volvía a su domicilio de Fuenterrabía (Guipúzcoa) junto a otros compañeros de comando y conduciendo al empresario hasta la nave tras encapucharlo y ponerle una inyección en un brazo.

El secuestro fue reivindicado por ETA mediante una llamada al diario 'Egin' que se produjo el 25 de mayo de 1995. El industrial fue liberado 341 días después en el Alto de Azcárate de Elgóibar (Guipúzcoa), una vez que la familia y su empresa, Alditrans, pagaran "una cuantiosa suma de dinero no exactamente determinada pero no inferior a 150 millones de pesetas", según la Fiscalía.