Mientras continúa el trámite de aprobación de la mal llamada «Ley de Memoria Democrática» en el Congreso para defender los derechos de una parte de las víctimas de la Guerra Civil española, las víctimas de ETA siguen sin tener una ley que les proteja de las humillaciones continuas por homenajes a etarras y cientos de homenajes que se harán a los más de 100 asesinos que saldrán de las cárceles en los próximos diez años.
DANIEL PORTERO
La ley de memoria democrática se olvida de investigar y juzgar los 376 casos sin resolver de ETA, muchos de los cuales aún no han prescrito. Sin embargo, sí que hay medios, y sobre todo ganas, para crear una Fiscalía de Sala para la investigación de hechos producidos durante la Guerra Civil y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución.
Llama la atención el despliegue de medios para la creación de esta Fiscalía en el Tribunal Supremo, en la que se le atribuyen al fiscal funciones más propias de un historiador que de un investigador del Derecho. Sobre todo, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos de la Guerra Civil que son objeto de regulación de este proyecto de ley y la prescripción de los mismos. Mientras, olvidan impulsar la resolución de los casi 400 asesinatos sin resolver de ETA, dejando en libertad a los asesinos sin colaboración alguna con la Justicia para esclarecer estos asesinatos.
Igualmente, asistimos con impotencia a cómo desde esta mal llamada «Ley de memoria democrática» se prevé la adopción de medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial y actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la dictadura franquista, regulando incluso un régimen sancionador que va desde los 200 hasta los 150.000 euros de multa, cuando los mecanismos para proteger el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo han quedado vacíos de contenido, como el artículo 578 del Código Penal. De hecho, tanto Podemos como PSOE han planteando incluso desde el Gobierno la posibilidad de la derogación del artículo 578 del Código Penal, sin impulsar ninguna normativa que proteja la dignidad de las víctimas del terrorismo de ETA.
¿Acaso no merecen la misma protección de sus derechos al honor, a la dignidad, a la verdad y a la justicia las víctimas de cualquier delito?
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