La violencia política fue uno de los factores clave de la Transición democrática. Durante estos “años de plomo” se registraron 336 víctimas mortales del terrorismo en Euskadi. Una parte fue causada por las organizaciones de extrema derecha o “incontrolados”, de los que se sospechaba tenían vínculos con los sectores más reaccionarios de la Administración. Estos grupos, el más conocido de los cuales fue el BVE, aparecieron en 1975 y asesinaron a unas treinta y dos personas, a las que se acusaba de estar relacionadas con ETA o con la extrema izquierda. Por ejemplo, el 21 de diciembre de 1977 una bomba acabó con la vida del líder de ETAm José Miguel Beñarán (Argala) en el País Vasco francés. No obstante, también fueron asesinados civiles sin vínculos con el nacionalismo radical.
Sin embargo, de largo, el grueso de los asesinatos de motivación política fueron cometidos por ETA. Lejos de detener el terrorismo, la aprobación de la Ley de Amnistía señaló el comienzo de su vertiginoso ascenso: 17 víctimas mortales en 1976, 11 en 1977, 66 en 1978, 80 en 1979, 96 en 1980, 32 en 1981 y 38 en 1982. La mayoría de ellas fueron policías y guardias civiles, que eran considerados los principales objetivos.
La organización terrorista más letal fue ETAm, reforzada por la absorción de los comandos berezis escindidos de ETApm. Pese a negar toda legitimidad a la naciente democracia, a la que denunciaba como una “dictadura encubierta”, el grupo dio un giro estratégico para adaptarse a la nueva situación política. Asumiendo la imposibilidad de una derrota militar del Estado, ETAm comenzó una “guerra de desgaste”, que se prolongó hasta mediados de los años noventa. Consistía en asesinar al mayor número posible de miembros de las FCSE y del Ejército, soliviantando a sus mandos, para presionar al Gobierno y que este concediese las demandas recogidas en la “Alternativa KAS”. Los milis contaban con que, para evitar un eventual golpe de estado, el gabinete Suárez acabaría cediendo a sus pretensiones. No ocurrió así, como quedó demostrado el 23-F.
Por otra parte, el fracaso del boicot de las elecciones de 1977 llevó a ETAm a primero apadrinar y luego tomar el control de HB, que en principio era una coalición de cuatro partidos independientes. Así, el nacionalismo radical se enfrentó a la democracia parlamentaria combinando una triple estrategia: la sangre de sus atentados, los votos de su brazo electoral (HB y sus sucesores) y las manifestaciones de su entorno civil, mayoritariamente enfocadas a respaldar el terrorismo. Al igual que antaño hacía Fraga, los seguidores de ETAm también mantenían que la calle era suya y no de todos los ciudadanos.
ETAm no era, en ese momento, la única ETA, sino que existían otros dos grupos en activo. Menos mortífera, aunque acabó con 21 vidas a lo largo de su historia, ETApm atentó hasta que en febrero de 1981 declaró una tregua. Esta organización se caracterizó por sus atentados sectoriales, en “apoyo” a la lucha de los diversos movimientos sociales, y por los “pernicidios”: el secuestro de empresarios y altos funcionarios que recibían uno o varios tiros en las rodillas. No obstante, los polimilis nunca fueron una “ETA blanda”, como se llegó a decir. Baste recordar el asesinato de dos dirigentes de UCD en 1980 (José Ignacio Ustaran y Juan de Dios Doval) o las bombas que habían explotado en julio del año anterior en las estaciones de Atocha y Chamartín (Madrid), a consecuencia de las cuales murieron siete personas y más de cien resultaron heridas.
Los CAA fueron responsables de 32 asesinatos, entre ellos los de tres directivos guipuzcoanos de Telefónica, empresa que sufrió una dura campaña de acoso. Los autónomos, además, fueron los primeros que atentaron contra militantes procedentes de la oposición antifranquista. El 27 de octubre de 1979 mataron a Germán González López, miembro de la UGT y del PSE, y el 23 de febrero de 1984 al senador socialista Enrique Casas.
Las víctimas del terrorismo fueron relegadas durante la Transición. Es cierto que sus nombres aparecían, fugazmente, en los diarios del día siguiente al atentado, pero luego eran sepultadas en el olvido. No fueron respaldadas ni por el Estado de Derecho ni por la sociedad vasca, que en buena medida miró hacia otro lado. Además, carecían de leyes que las amparasen y de una organización propia. La Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo, posteriormente AVT, no nació hasta febrero de 1981, en las postrimerías del proceso de democratización.
La organización terrorista más letal fue ETAm, reforzada por la absorción de los comandos berezis escindidos de ETApm. Pese a negar toda legitimidad a la naciente democracia, a la que denunciaba como una “dictadura encubierta”, el grupo dio un giro estratégico para adaptarse a la nueva situación política. Asumiendo la imposibilidad de una derrota militar del Estado, ETAm comenzó una “guerra de desgaste”, que se prolongó hasta mediados de los años noventa. Consistía en asesinar al mayor número posible de miembros de las FCSE y del Ejército, soliviantando a sus mandos, para presionar al Gobierno y que este concediese las demandas recogidas en la “Alternativa KAS”. Los milis contaban con que, para evitar un eventual golpe de estado, el gabinete Suárez acabaría cediendo a sus pretensiones. No ocurrió así, como quedó demostrado el 23-F.
Por otra parte, el fracaso del boicot de las elecciones de 1977 llevó a ETAm a primero apadrinar y luego tomar el control de HB, que en principio era una coalición de cuatro partidos independientes. Así, el nacionalismo radical se enfrentó a la democracia parlamentaria combinando una triple estrategia: la sangre de sus atentados, los votos de su brazo electoral (HB y sus sucesores) y las manifestaciones de su entorno civil, mayoritariamente enfocadas a respaldar el terrorismo. Al igual que antaño hacía Fraga, los seguidores de ETAm también mantenían que la calle era suya y no de todos los ciudadanos.
ETAm no era, en ese momento, la única ETA, sino que existían otros dos grupos en activo. Menos mortífera, aunque acabó con 21 vidas a lo largo de su historia, ETApm atentó hasta que en febrero de 1981 declaró una tregua. Esta organización se caracterizó por sus atentados sectoriales, en “apoyo” a la lucha de los diversos movimientos sociales, y por los “pernicidios”: el secuestro de empresarios y altos funcionarios que recibían uno o varios tiros en las rodillas. No obstante, los polimilis nunca fueron una “ETA blanda”, como se llegó a decir. Baste recordar el asesinato de dos dirigentes de UCD en 1980 (José Ignacio Ustaran y Juan de Dios Doval) o las bombas que habían explotado en julio del año anterior en las estaciones de Atocha y Chamartín (Madrid), a consecuencia de las cuales murieron siete personas y más de cien resultaron heridas.
Los CAA fueron responsables de 32 asesinatos, entre ellos los de tres directivos guipuzcoanos de Telefónica, empresa que sufrió una dura campaña de acoso. Los autónomos, además, fueron los primeros que atentaron contra militantes procedentes de la oposición antifranquista. El 27 de octubre de 1979 mataron a Germán González López, miembro de la UGT y del PSE, y el 23 de febrero de 1984 al senador socialista Enrique Casas.
Las víctimas del terrorismo fueron relegadas durante la Transición. Es cierto que sus nombres aparecían, fugazmente, en los diarios del día siguiente al atentado, pero luego eran sepultadas en el olvido. No fueron respaldadas ni por el Estado de Derecho ni por la sociedad vasca, que en buena medida miró hacia otro lado. Además, carecían de leyes que las amparasen y de una organización propia. La Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo, posteriormente AVT, no nació hasta febrero de 1981, en las postrimerías del proceso de democratización.
Durante mucho tiempo solo hubo dos tipos de manifestaciones contra el terrorismo. Por un lado, tras algunos funerales de las víctimas de ETA, sobre todo cuando se trataba de militares o policías, se desarrollaron algunas movilizaciones espontáneas que normalmente, además, iban acompañadas de gritos contra el Gobierno y de peticiones de venganza y “mano dura”. Por otro, el nacionalismo vasco radical convocó puntualmente manifestaciones contra los atentados cometidos por la extrema derecha o grupos parapoliciales.
Las primeras protestas contra el terrorismo de ETA fueron organizadas en 1978 por el PCE-EPK, partido que había adoptado una postura firme al respecto, algo excepcional entre las fuerzas provenientes de la oposición antifranquista, e incluso promovió infructuosamente la formación de un “Frente por la Paz” junto al PSE. El 28 de junio de 1978, tras el asesinato del periodista José María Portell por parte de ETAm, los comunistas convocaron una manifestación en Portugalete. En la pancarta de la cabecera, adornada con una ikurriña con crespón negro, se podía leer: “Estamos hartos de violencia y asesinatos. Askatasuna eta pakea”. Es decir, libertad y paz. Hubo otras similares cuando se produjeron nuevas víctimas.
Cuatro meses después, el 28 de octubre de 1978, tuvo lugar una importante manifestación convocada por el PNV y secundada por el PSE, el PCE-EPK y otras fuerzas. El lema original era “Contra el terrorismo”, pero los organizadores lo acabaron cambiando por otro mucho más ambiguo: “Por una Euskadi libre y en paz”. Es muy significativo que la UCD fuera vetada: se consideraba que el partido de Adolfo Suárez y ETA eran corresponsables del clima de violencia. Ahora bien, el nacionalismo radical entendió la marcha como “un ataque frontal”, por lo que HB llamó a una contramanifestación “por los gudaris de ayer y de hoy”.
Por lo que respecta a la sociedad civil, apenas hubo iniciativas contra el terrorismo. Una excepción fue el manifiesto que treinta y tres artistas e intelectuales vascos (de la talla de Julio Caro Baroja, Koldo Mitxelena, Eduardo Chillida, José Miguel Barandiarán, José Ramón Recalde, Xabier Lete, Gabriel Celaya o Agustín Ibarrola) firmaron en mayo de 1980 en oposición a las “gentes que dicen amar al País como nadie pero que sin duda confunden el amor con la muerte”. En el texto se planteaba que “la violencia que ante todo nos preocupa es la que nace y anida entre nosotros, porque es la única que puede convertirnos, de verdad, en verdugos desalmados, en cómplices cobardes o en encubridores serviles”.
En julio de ese mismo año el PSE y el PCE-EPK convocaron una marcha conjunta para protestar contra la campaña contra el turismo de ETApm. Cuando en octubre de 1980 dicha organización asesinó a Juan de Dios Doval, de la dirección provincial de la UCD de Guipúzcoa, buena parte de los alumnos y docentes de la Facultad de Derecho de San Sebastián, de la que la víctima era profesor, se echaron a la calle. Al día siguiente el PNV, el PSE, el PCE-EPK y la UCD se unieron en una manifestación “contra el terrorismo y por la paz”. Poco después, tras sendos atentados de ETAm, los vecinos en Zarauz y Eibar se movilizaron de forma espontánea.
Aquellos actos fueron el germen del movimiento pacifista vasco, pero este todavía tardó en tomar forma. Hubo que esperar a la segunda mitad de los ochenta para que surgiesen asociaciones como Gesto por la Paz (1986) y los partidos democráticos firmaran el Pacto de Ajuria Enea (1988).
Enlace aquí:
Este texto es un fragmento de Mikel Total (ed.) (2015): La calle es nuestra: la transición en el País Vasco (1973-1982). Bilbao: Kultura Abierta.
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