Al grito de «solo muere lo que olvidas» inauguró el acto de este sábado en la plaza madrileña de Colón el periodista Abert Castillón. Cientos de personas se reunieron en nombre de las víctimas de ETA precisamente para esto, para reivindicar que no olvidan y lo hicieron bajo el paraguas organizador de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y algunos otros paraguas con los colores de España que protegían de la lluvia y el frío.
En el trasfondo de esta concentración, un tremendo enfado con el Gobierno por la política de acercamientos de presos etarras al País Vasco y la flexibilización de sus condenas. Aunque, sin duda, el enojo mayúsculo pareció centrarse en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien anunciaron que retirarían la medalla que le dieron cuando era juez en la Audiencia Nacional.
El cartel de fondo lo dejaba claro: «No todo vale, Gobierno traidor»; y delante, el consejero de la AVT Miguel Folguera y la presidenta de la asociación Maite Araluce acompañados de otros muchos representantes y asociaciones como el presidente de Dignidad y Justicia Daniel Portero. «Las víctimas del terrorismo vivimos tiempos complicados. Tiempos en los que tenemos que ver que los que no condenan el asesinato de nuestros seres queridos marcan las políticas de nuestro país. Y se ríen de nosotros desde el Congreso», lamentó Araluce, cuyo padre fue asesinado por la banda terrorista.
«Las cartas de arrepentimiento que firman los etarras son un paripé», explicaron en referencia a las misivas que se introducen en sus expedientes de prisiones para concederles el tercer grado y que, en varias ocasiones, la Audiencia Nacional ha echado para atrás por no ser un perdón expreso a las víctimas. En esta línea han ofrecido datos que califican de «escalofriantes»: 302 traslados de presos, de los que 112 son con delitos de sangre; 26 terceros grados y 14 en libertad condicional durante estos tres años de Gobierno. «Los etarras presos no están arrepentidos de lo que han hecho, al contrario. Lo único que buscan es la impunidad de sus crímenes y salir de prisión», dijeron.
Estas reivindicaciones se enmarcan en las conversaciones soterradas que desde Instituciones Penitenciarias se han mantenido con representantes autorizados de los presos para acercar posiciones. El Gobierno siempre negó que detrás de esta política penitenciaria más laxa hubiera un plan o una contraprestación, pero un extenso informe de la Guardia Civil reveló contactos entre el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, y Joseba Azkárraga, responsable de una plataforma de apoyo a los internos etarras.
«No podemos consentir que sea Azkárraga el interlocutor válido de los presos de ETA con Ortiz. Ellos lo llaman ‘el de Madrid’, nosotros no lo queremos en Madrid. ¡Ortiz fuera de Madrid!», sentenció Folguera. La crítica a la gestión del actual Ejecutivo por sus pactos con la izquierda abertzale fue una constante, pero en la diana de los cánticos de rechazo estuvo Marlaska. «De juez implacable contra el terrorismo, algo que le hizo merecedor de la medalla de la dignidad de la AVT en el año 2017, al ministro que ha cedido ante ETA. Obviamente hoy no sería merecedor de la medalla. Que si soy sincera, ganas nos dan de quitársela», gritó Araluce. La respuesta de los asistentes se produjo en forma de clamor: «quítasela, quítasela».
«Ante la solicitud de la ciudadanía, se la vamos a quitar», decidió Araluce consiguiendo los aplausos de toda la plaza. Preguntados en la AVT por cómo se va a producir esta retirada han contestado que ha sido una idea espontánea y tienen que pensar cómo articularla. Los reproches a Marlaska han pasado por el recuerdo del que fuera coronel-jefe de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí a quien el ministro del Interior fulminó de la Unidad Central Operativa del cuerpo y que dirigió durante años la lucha contra ETA; así como por el coronel Diego Pérez de los Cobos, también destituido en 2020 por Marlaska. Ambos han recurrido a los tribunales porque consideran que estas decisiones fueron arbitrarias.
Rechazaron también el traspaso e la competencia en materia de prisiones al País Vasco, pues alegaron que era una excusa para blanquear los acercamientos. «Espero que la manifestación de hoy sirva para que Europa entienda que este es un país en el que se hacen homenajes a asesinos. Y eso en el siglo XXI no puede ser, que entiendan que es imposible que el sufrimiento se olvide y que se blanquee el delito», espetó el periodista Castillón.
«Es un honor volver a la foto de Colón de la que nunca me he arrepentido», dijo, mientras lo escuchaban políticos de la derecha como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, o la secretaria general de Vox, Macarena Olona. Algunos se pronunciaron ante los micrófonos con palabras de rechazo por el «mercadeo» del Gobierno con las víctimas. «Estamos ante un Gobierno que por 5 votos está en el mismo folio que EH Bildu», dijo el consejero de Justicia e Interior madrileño, Enrique López. Por su parte, Martínez-Almeida criticó la política «abiertamente ofensiva» del Gobierno con las víctimas a las que no ve una prioridad, dijo.
La emblemática glorieta madrileña en la que ondea una enorme banderas de España terminó el acto con el himno. Allí, además de familiares de víctimas había otras muchas personas mayores que aunque no sufrieron directamente crímenes tienen grabados muchos momentos de horror en la retina. «No soy víctima, pero sí lo he visto. Cuando fue el atentado de General Mola yo estaba allí, pasé por delante y lo vi» , dice Encarnación que no quiere mencionar su apellido porque es vasco y «lo que ha conseguido ese pueblo le avergüenza». Tampoco fue víctima Carmen Hurtado, pero para ella: «La ETA existe y ahora están en el gobierno. Cualquier víctima somos nosotros». Y aunque no abundaba la presencia de niños, se vio a alguno que otro. Por ejemplo, la hija de Francisco Delgado: «Es pequeña y no se entera, pero está bien que vaya familiarizando con lo que fue ETA. El virus sigue en el País Vasco y en Navarra».
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