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| La socióloga Izaskun Sáez de la Fuente. / EFE |
El informe ético político ‘Misivas del terror’ recoge los testimonios de 66 víctimas de la extorsión que tuvo lugar, según sus autores, con la «complicidad» de la izquierda abertzale.
La extorsión de ETA a los empresarios alcanzó a 10.000 víctimas y se llevó a cabo con la “complicidad” de la izquierda abertzale, que debe hacer un “reconocimiento público explícito del daño causado”, según los autores de un informe ético político sobre esta práctica de la organización terrorista.
El libro, presentado este jueves y titulado “Misivas del terror”, ha sido elaborado por investigadores del Centro de Ética Aplicada (CEA) de la Universidad de Deusto con el objetivo de contribuir a la “rehabilitación moral” de las víctimas del chantaje de ETA a los empresarios.
El informe, que recoge los testimonios de 66 víctimas de la extorsión, plasma situaciones que se vivieron como las de empresarios que fueron chantajeados durante 30 años, extorsiones que se “heredaron” y “pasaron de padres a hijos”, hijos menores de empresarios que recibieron cartas, o incluso quien, adoptando medidas de seguridad para no pagar, cambiaba de hábitos y llegaba a “salir de la oficina por el tejado”.
La socióloga Izaskun Sáez de la Fuente, que ha presentado el libro en una conferencia de prensa, ha explicado que se trata de un estudio “en profundidad de una de las vertientes de la violencia de ETA que ha quedado más oscura y que servía para el mantenimiento de la propia actividad terrorista”.
Ha destacado que el informe, que comenzó a realizarse en 2013 y que ha supuesto un trabajo complejo y laborioso, debe servir para el “reconocimiento de las más de 10.000 víctimas” de la extorsión de ETA y para “hacer memoria” que ayude a “reconocer los derechos de las víctimas y regenerar la convivencia ciudadana”.
Ha señalado que el estudio pone de manifiesto que la sociedad vasca mantuvo en general una actitud “indiferente y públicamente distante” hacia las víctimas de la extorsión, y que no reaccionó hasta la década de los años 90, con las concentraciones de Gesto por la Paz e iniciativas como el lazo azul contra los secuestros.
Sin embargo, según Sáez de la Fuente, “no toda la sociedad fue igualmente culpable de lo sucedido”.
“El entorno de la autodenominada izquierda abertzale -ha destacado- y su vanguardia juvenil, que no es numerosa ni socialmente despreciable, jaleó a los victimarios y legitimó y contribuyó a que la dinámica de la extorsión se extendiese en los barrios y pueblos de Euskadi como una realidad autoevidente que no se podía cuestionar”.
Ha señalado que “ese sector que ha sido cómplice activo de la victimización de miles de personas tiene una especial responsabilidad a la que debe enfrentarse si verdaderamente quiere favorecer la restitución de la identidad cívica y la regeneración de la democracia”.
Ese sector político, “de una generación y otra”, tiene que hacer un “reconocimiento público explícito del daño causado”, dado que para construir “bien” el futuro debe hacerse “desde la “memoria de las víctimas”, ha añadido.
La investigadora ha explicado que la extorsión de ETA, desde que a mediados de los años 70 se acuñó el término “impuesto revolucionario”, se prolongó durante tanto tiempo porque hubo un “caldo de cultivo” para su “justificación social”.
“Los prejuicios y la estigmatización -ha indicado- alimentaban la desvalorización social de la figura del empresariado, que le hacía prácticamente corresponsable de su propia victimización, en un conflicto al que, según la falaz lógica terrorista, los propios empresarios estarían contribuyendo”.
El trabajo alude también a una “perversión del lenguaje” en el que ETA y “su amplia red de informadores, delatores y colaboradores” decidían “qué palabras utilizar y qué sentido debían revestir para legitimar la extorsión”.
“De ahí su insistencia en que ETA no secuestraba sino que ‘recluía a los enemigos en la cárcel del pueblo’, no asesinaba sino que ‘ejecutaba una condena’, y no extorsionaba, solo ‘exigía el impuesto revolucionario para contribuir a la liberación de Euskal Herria”, ha añadido.
El fenómeno también se prolongó en el tiempo, a juicio de los investigadores, porque hubo una “estrategia de privatización del chantaje”, a la que contribuía tanto la organización terrorista como los propios empresarios extorsionados.
“ETA -ha explicado Sáez de la Fuente- quería que se supiera socialmente que la extorsión existía para crear un clima de miedo, pero no que se supiera quiénes se estaban viendo afectados en primera persona, en una estrategia para que los empresarios no denunciasen”.
No obstante, “si la banda detectaba resistencias al pago, entonces comenzaba un proceso que culminaba en secuestro cuando no asesinato, como una medida ejemplarizante para todos los objetivos potencialmente extorsionables por parte de ETA”.
De esta forma, según el estudio, la mayoría de los empresarios mantuvieron el asunto en privado, por miedo y para no preocupar a sus familias, aunque, cuando llegaba la segunda o tercera carta de ETA, o incluso cuando la misiva se enviaba a “hijos menores”, ya “no había más bemoles” que contarlo a los más allegados.
Con más actividad chantajista en Gipuzkoa que en Bizkaia, y menor en Álava y Navarra, el estudio refleja que los “tentáculos del terror” alcanzaban a grandes empresas, pymes y a “pequeños negocios instalados en aquellos municipios dominados por el control del entorno radical y sus prácticas de microextorsión mafiosa, en un mal llamado terrorismo de baja intensidad”.
El libro pone de relieve que quienes hicieron bandera del no pago a ETA sufrieron más por ello que por el hecho material de no pagar; hubo quien optó por no pagar y marcharse de Euskadi, o quien cambió de municipio en la comunidad autónoma, en un “exilio interior y exterior” que producía “desarraigo, pérdida de relaciones sociales y reforzamiento del sentimiento de culpabilidad”.
Como otras consecuencias, “algunas víctimas y sus familiares más próximos sufrieron trastornos psicológicos temporales o incluso crónicos” y la mayoría padeció “fuertes tendencias hacia el retraimiento social” y una “limitación severa de su libertad”.
Los autores del informe han explicado que los partidos políticos y las organizaciones empresariales condenaron el chantaje desde mediados de los años 70, aunque las víctimas no se sintieron “demasiado apoyadas”, y han precisado que, en las primeras épocas, “desde ciertas instancias políticas aconsejaban marcharse o pagar”.
Izaskun Sáez de la Fuente ha dicho que quedó “impactada” al escuchar los testimonios de las víctimas de la extorsión de ETA, aunque ha considerado que solo es “la punta del iceberg de un proceso de mucho más sufrimiento”, y ha asegurado que “nunca se va a insistir lo suficiente en las graves consecuencias de la extorsión para las víctimas y el conjunto de la sociedad”. – Fuente:
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